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Corrupción y presunto desvío de recursos del préstamo multimillonario de Yucatán Seguro

2020-03-30 11:33:00

Mérida, Yucatán, 30 de marzo del 2020.- Al parecer el gobierno de Mauricio Vila Dosal, será recordado no solo por el incremento en los impuestos, mismos que derivaron en una manifestación disuelta con violencia por parte de los cuerpos policíacos, sino también por las licitaciones públicas amañadas, como está ocurriendo en torno al crédito otorgado para “Yucatán Seguro”.

Al parecer, y acuerdo con el último préstamo aprobado por el Congreso del Estado al ejecutivo estatal que asciende a 2 mil 620 millones de pesos, como parte del programa ‘Yucatán Seguro’, se realizó una licitación pública con una primera partida de alrededor de 450 millones de pesos, en la que saldría beneficiada la empresa Vixionere, SAPI C.V.

El pasado 10 marzo del 2020, el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY), realizó la convocatoria para la adquisición de bases para licitación No. OBP20-LP-INCCOPY-2CRE-003, para la implementación de un Sistema de Semáforos Inteligentes.

En esta licitación participaron cinco empresas locales y nacionales, las cuales presentaron proyectos con diferentes costos y calidad, con base en los requerimientos que solicitó el Gobierno del Estado.

Sin embargo, resaltó una empresa en particular de nombre de Vixionere, SAPI C.V, ya que los requerimientos solicitados por el gobierno coincidieron curiosamente con la propuesta de la empresa; inclusive hasta en marcas y diseño, algo que, como era de esperarse, despertó la molestia de los otros participantes.

¿Qué es la empresa Vixionere?

La empresa Vixionere SAPI, C.V. es una empresa fundada en 2015 como una empresa filial de la empresa Autotraffic S.A. de C.V.

Vixionere en particular, es una empresa que radica en Puebla dedicada al desarrollo tecnológico en el área de movilidad, parking y foto multas; y en mayor medida a la importación de equipos.

Autotraffic S.A de C.V. es una empresa fundada en 2003, con cierta continuidad a través de los años en el ramo de foto infracciones (en el pasado, involucrada en contratos cuestionables sobre la aplicación y recaudación de las foto-multas, lo que orilló a la jefa de gobierno de la CDMX a modificar ese esquema).

Dicha empresa también es representante de productos específicos para detección vehicular (Radares Doppler) de la empresa alemana Smart Micro y del software Moovit Urban Mobility Analytics.

Pero lo que realmente es necesario resaltar, es su participación en la elaboración del proyecto ejecutivo, motivo de la licitación del Gobierno del Estado OBP20-LP-INCCOPY2CRE-003, donde como ya mencionamos casualmente concursa su empresa Vixionere.
Al indagar un poco más sobre sobre la propuesta presentada, llama la atención que, siendo una licitación con el alcance de la magnitud y complejidad solicitada, Vixionere entregó en tan solo 15 días, todo un trabajo de propuesta que por lo menos llevaría 45 días, sin contar con que, dentro del documento de requerimientos otorgado por el Gobierno del Estado a los concursantes, en dos planos gubernamentales se puede apreciar el logotipo de la empresa que elaboró el proyecto, que es Autotraffic (filial de Vixionere).

Dichos planos son firmados por el Ing. Alexander Escamilla Gutiérrez, gerente de proyecto de la empresa participante en el concurso Vixionere. Obviamente y cómo se imaginará, existen una serie de productos y elementos tecnológicos que solo Autrotraffic puede conocer, ya que ellos elaboraron el proyecto presentado por el Ejecutivo.

Con este tipo de prácticas dentro de una licitación pública, se está promoviendo la competencia desleal y la corrupción dentro del Gobierno del Estado, ante una obra que puede costar alrededor de 400 millones de pesos, pero cuyo costo, la empresa en cuestión podría elevarlo hasta en 80 millones de pesos más, ya que al tener sus oficinas en Puebla, Vixionere puede incrementar sus costos al tener que mover a su personal para cumplir con el contrato.

Este tipo de licitaciones ‘amañadas’ solo fomentan la corrupción y los malos manejos con el dinero de los mexicanos.

En palabras del Presidente de la República, “una licitación abierta puede permitir que se presente una propuesta aparentemente más baja, por una empresa irresponsable y corrupta, y que, apenas reciba el contrato, pida ampliaciones de presupuesto, y eso abunda, por eso ganaban los contratos, y otras cosas”.

El antecedente en el Gobierno de Mauricio Vila está a la mano. Así sucedió con la remodelación del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, la cual prácticamente duplicó el costo aprobado de la obra a través de ampliaciones presupuestales.
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